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Seguro de responsabilidad medioambiental: ¿mi empresa cumple la Ley 26/2007?

¿Qué es la responsabilidad medioambiental?

Si la actividad que desarrolla su empresa pudiera afectar al medio ambiente, sepa que como Administrador está sujeto a responsabilidades en caso de que se produzcan daños, tanto en el ámbito administrativo, por ilícito o infracción administrativa, como en el penal, a causa de delito medioambiental y civil, por daños personales, patrimoniales y/o ecológicos.

La norma que lo regula es la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, la cual obliga a las empresas a prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Es decir, esta obligación se extiende no sólo a aquellas actividades económicas o profesionales que ocasionen daños medioambientales o sino a aquellas que constituyan una amenaza de que dichos daños se produzcan, debiendo adoptar las medidas de prevención y de evitación pertinentes.

Las infracciones a la Ley 26/2007 darán lugar a la imposición de multas de 10.001 hasta 2.000.000 €.

Seguro responsabilidad medioambiental

En este sentido, la responsabilidad medioambiental es una responsabilidad ilimitada, puesto que la obligación de reparación consiste en devolver absolutamente todos los recursos naturales dañados a su estado original, teniendo así que sufragar cualquier coste de las correspondientes acciones preventivas o de reparación. Se prima el valor medioambiental, el cual no puede satisfacerse con una mera indemnización. Las empresas están obligadas a reparar el daño causado, de acuerdo con los principios de prevención y de que "quien contamina paga".

¿Qué debo hacer para proteger mi empresa?

La Ley 26/2007 obliga a las empresas a disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

Se establecen hasta tres modalidades de garantías financieras, las cuales podrán constituirse alternativa o complementariamente entre sí:

  • La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera.
  • La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
  • La contratación de una buena póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.

¿Desconoce si su empresa tiene que cumplir con esta legislación? En MVP SEGUROS le asesoramos sin ningún tipo de compromiso.

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